En 1958, con la ley 14.499, se fijó el haber jubilatorio en el 82% móvil de la remuneración del cargo de que fuera titular el afiliado a la fecha de retirarse y el ajuste de ese haber se implementaría en función a las nuevas remunneraciones que se fijaran para el cargo en actividad.
La tardía e incorrecta aplicación por parte de las cajas de jubilaciones de la movilidad dió lugar a un sinnúmero de reclamos judiciales, por lo que en 1966 se dispuso -mediante la ley 16.931- la paralización de los trámites judiciales. En 1968 se dictó la ley 18.037 que estableció el haber en el 70% de las mejores remuneraciones de los últimos años de actividad. Pero desde 1979 -en plena dictadura-, los "errores técnicos" de la Secretaría de Estado de Seguridad Social (tanto para determinar el haber inicial como para su reajuste) se generalizaron. Así fue como se desató una nueva ola de reclamos judiciales.
Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, la cantidad de sentencias a favor de quienes reclamaban por mal ajuste de haberes era tal que el secretario de la Seguridad Social Emilio Capuccio declaró que la deuda con los jubilados era impagable porque significaba la mitad de la deuda externa. con el decreto 2.196 del 28 de Noviembre de 1986, denominado de emergencia previsional, se inició el proceso que terminaría con el sistema de reparto y desembocaría en el régimen de capitalización. Dos decretos subsiguientes instauraron que aquellos jubilados que renunciaran a los juicios podrían percibir Bocones pagaderos a 16 años.
Pero detrás de estos ajustes e injusticias para con los jubilados se escondían los hilos del FMI que, a través de un memorandum de entendimiento, impartió la ortodoxia económica, que preveeía un duro ajuste fiscal y respecto del sistema de seguridad social se estableció que el gobierno procuraría eliminar el déficit del sistema, manteniendo "los ajustes mensuales de los beneficios en montos compatibles con la política salarial oficial y adecuar estos ajustes con la necesidad de fortalecer las finanzas del sistema.
Con el gobierno de Carlos Menem llegaron peores noticias: a partir del 1 de Abril de 1991 no se pudo aumentar ninguna jubilación poruqe ello constituiría una indexación prohibida por la Ley e Convertibilidad.
Paralelamente al congelamiento, el sistema se fue desfinanciando y comenzaron a cobrar fuerza los los pedidos de reforma inspirados en la nueva ortodoxia previsional, que propagandizó el Banco Mundial. Según esta concepción, los sistemas de reparto eran económicamente ineficientes y socialmente injustos. Por lo tanto, se postuló reemplazarlos por un esquema de acumulación de ahorro en cuantas individuales y así fue como nacieron las Administradoras de Fondos de jubilaciones y Penciones (AFJP).
Según un informe del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, desde la instauración del régimen privado de capitalización de fondos de pensión, las AFJP habían recibido 93.870 millones (valuados a los precios de 2006) y se quedaron con 30.789 millones en concepto de comisiones (32,8 por ciento). Es más, en 2008 -antes de la reestatización del sistema- las AFJP tuvieron que pedir ayuda para pagar el 77 porciento de las 445.182 jubilaciones que pagaban, porque no llegaban a procurarle la mínima. Las promesas de este sistema se fueron al tacho junto con las biromes y cuadernos que sus promotoras repartieron.
Llovido sobre mojado, la Ley de Déficit Cero sacionada durante el gobierno de Fernando De La Rúa en 2001 dispuso una quita del 13 porciento en las jubilaciones.
Con ese panorama llegó Néstor Kirchner a la presidensia en 2003, momento a partir del cual se modificó la política de seguridad social. Son muchos los especialistas consultados por Caras y Caretas que destacan desiciones tanto de Kirchner como de su sucesora, Cristina Fernández. Por ejemplo, se mencionan los sucesivos aumentos dispuestos por el Poder Ejecutivo que hicieron que las jubilaciones crecieran desde la crisis de 2001 hasta ahora cerca de un 500 por ciento; que se haya realizado la moratoria jubilatoria para aquellos que no completaran los 30 años de aportes y así se sumaron más de dos millones de pasivos al sistema; que se haya sancionado una LEy de Movilidad Jubilatoria para garantizar dos aumentos anuales en los haberes; que se haya ampliado la cobertura para los más necesitados con el objetivo de alcanzar una Asignación Universal por Hijo y, particularmente, que se haya recuperado el sistema, tras la eliminación de las AFJP y la reestatización de sus fondos (que en 2008 eran algo más de 90.000 millones de pesos).
En los últimos meses de debate en ambas cámaras del COngreso, a instancias de diferentes proyectos de la oposición, la necesidad de implementar el 82 por ciento movil en los haberes jubilatorios, pero con escasa o nula mención a cómo financiarlo. Décadas de fraude a los jubilados y los cientos de miles de juicios que esperan sentencia en el fuero de la seguridad social alcanzaran para evitar los embates de quienes prometen irresponsablemente.
Fuente:
Ana Vainman, Caras y Caretas, Agosto 2010
